La responsabilidad de lo público

Les cuento hoy, mis escasos pero queridos lectores, lo que iba a contar ayer. Estos días estaba leyendo El declive de la ciudadanía. La construcción de la ética pública, de Victoria Camps (Madrid, PPC, 2008). Me ha parecido un poco flojo, y si ha lugar ya diré en otro momento por qué; pero no lo traigo a colación por eso, sino por algo que, aunque no es nuevo, me parecía interesante reseñar. Una de las tesis centrales del libro es que cada vez más vivimos en una democracia sin ciudadanos —lo que resulta harto peligroso para la propia democracia—, entre otras razones porque los individuos tendemos a des-responsabilizarnos del propio funcionamiento del sistema: "Se produce así, efectivamente, un cierto paternalismo del estado, que subvenciona y protege sin incentivar comportamientos autónomos y, lo que es más grave, sin conseguir que los individuos se hagan ellos mismos responsables del buen funcionamiento que el estado social dispensa. Habrá que corregir la convicción de que vivimos, como proclamó Bobbio hace años, en la época de los derechos. El ciudadano se siente, ante todo, sujeto de derechos, no alguien que tenga también deberes con respecto a la comunidad" (pág. 62). En realidad, esa falta de responsabilidad o de conciencia no sólo de mis derechos, sino también de sus límites y de mis propios deberes, va ligada a una defectuosa concepción de lo público que se advierte en los gestos más nimios y en todas las esferas de la vida cotidiana. Por eso, hoy día urge más que nunca reconstruir la cosa pública, más allá de los límites de lo estatal.

La lectura me recordó una conversación mantenida hace unas semanas, durante una comida, con unas compañeras de la Universidad. Alguien comentó lo importante que es hacer ver a los estudiantes, nada más empezar el curso, la inversión que desde las instituciones, es decir, entre todos, se está haciendo en su formación académica. Siempre ponemos la vista críticamente y no sin razón —se decía— en lo que los responsables públicos hacen con el dinero de todos, pero también podemos preguntarnos: ¿Y qué hacemos nosotros con el dinero de todos?

Según el informe La Universidad Española en Cifras, publicado en 2008 por la CRUE (los datos son de 2006, pero sirven para hacernos una idea aproximada y pueden verse aquí), "la financiación procedente del pago directo por los estudiantes de los precios públicos de las enseñanzas oficiales de grado han pasado de representar el 10,05 al 6,89 por 100 del total de la financiación neta de los años 2000 y 2006, respectivamente, que expresado en esfuerzo financiero directo por estudiante matriculado representa unas aportaciones dinerarias de 437 y 547 euros en los años 2000 y 2006 respectivamente"; por otro lado, "el gasto total por estudiante matriculado registra estos años un crecimiento del 71,03 por 100, siendo la cifra de gasto total por estudiante en el curso académico 2006-2007 de 7.406,15 euros" (pág. 98). Es decir, que si yo no entiendo mal (y si es así, les ruego que me corrijan) eso quiere decir que, a grandes rasgos, todos los estudiantes reciben sin enterarse una ayuda de unos siete mil euros al año de media.

Ojalá no se me entienda mal, porque no digo que no haya que hacerlo —¡e incluso incrementar esa financiación!— pero si no somos conscientes de ello (y no sólo los estudiantes y no sólo en la Universidad, piénsese en la educación en general, la sanidad, la justicia, la limpieza de las calles...) difícilmente podremos responder adecuadamente y seguiremos siendo, como dice V. Camps, "individuos que no se sienten deudores de los beneficios que socialmente reciben" (pág. 106). O desde otro punto de vista: individuos para los que lo público es algo ajeno y por lo tanto que no es responsabilidad suya.